Martes, 10 Septiembre 2013 08:25

Funcionarios versus puestos de libre designación: el gran dilema.

Imagino la verguenza que sentirá el Consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al tener noticias de las andanzas del exdirector del Hospital de Hellín, ampliamente comentadas en los medios nacionales y comarcales en los últimos meses. Probablemente le nombró pensando que era un hombre capacitado para el puesto y es posible que así lo fuera. Pero claro, los valores éticos y morales del personaje no fueron evaluados correctamente por una sencilla razón:  la contratación era política ya que se basaba en la cercanía o pertenencia del susodicho al Partido Popular.

Igual que en la etapa anterior, con el PSOE al mando del Gobierno de la Autonomía, los directores de hospitales son un puesto político (el director del Hospital de Hellín de la etapa del PSOE no esperó a que lo cesaran: en cuanto el PP ganó las elecciones, dimitió y abandonó su despacho al día siguiente sin esperar a su sucesor, no haciendo un relevo caballeroso y correcto poniendo al día de los asuntos del Hospital al nuevo director como era su obligación).

Cientos y posiblemente miles de casos como este se producen en España cada vez que hay cambio de partido en el Gobierno, ya sea a nivel estatal, autonómico, provincial o local. En el siglo XIX nació la figura del "cesante", personaje con el que se denominaba al funcionario de la  Administración que lo era siempre que gobernara su partido (moderados y progresistas del reinado de Isabel II, liberales unionistas y progresistas del reinado de Amadeo I, conservadores y liberales del reinado de Alfonso XII), ya que el triunfo del mismo en unas elecciones implicaba que "cesaban" en su cargos los funcionarios del partido perdedor, quedando en la calle miles de "cesantes" que malvivían sin trabajar o haciendo lo que podían hasta que su partido volvía al poder. Ni que decir tiene que esta forma de actuar para el nombramiento y separación de sus cargos de los funcionarios de la Administración Pública implicaba un alto grado de corrupción y una falta de eficacia en la resolución de los expedientes, circunstancias que tan bien reflejó nuestro extraordinario escritor Mariano José de Larra en su famoso ensayo "Vuelva usted mañana".

Durante el período de la Restauración se fué introduciendo la creación de los Cuerpos de Funcionarios de la Administración del Estado (Abogados, Ingenieros, Inspectores, etc.) a los cuales se accedía por oposición o por realizar en la Universidad una determinada carrera que otorgaba dicho acceso (caso de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). A lo largo del siglo XX se generalizó el sistema de oposiciones para poder ser funcionario de la Administración, llegando el mismo a todos los niveles de puestos de trabajo. Este sistema debía garantizar la imparcialidad "política" del Estado y sus organismos, al no depender el puesto de trabajo del funcionario en cuestión de que gobernara un determinado partido político. Además, intentaba asegurar la eficacia y eficiencia de la Administración haciendo que las oposiciones fueran duros exámenes que sólo podían superar los mejores de cada especialidad. Todo era teóricamente perfecto. Pero claro, no contábamos con la voracidad de los políticos para "comerse" todos los puestos de trabajo que se cruzan en su camino y dárselos a sus conmilitones, familiares o amigos íntimos. Ejemplos como el de la Junta de Andalucía (entre otros muchos) ilustran suficientemente esta circunstancia.

Uno se pregunta si este sistema tiene arreglo. El caso del exdirector del Hospital de Hellín es un claro ejemplo de que sí. Si para ser director o gerente de un Hospital del Estado se exigiera pertenecer a un hipotético Cuerpo de Funcionarios Directores de Hospital, a los cuales se les exigiera el máximo nivel formativo (mediante unas duras oposiciones) y las consiguientes prácticas (3 años de formación al lado de un funcionario Director de Hospital como asistente), todo cambiaría. No se le podría cesar de su puesto, salvo que él mismo renunciara o concursara a otra plaza en otro hospital, o que cometiese una irregularidad en su gestión. No dependería del partido político que gobernase. 

La solución, según mi criterio, es que los funcionarios de carrera deben ocupar los empleos de todos los niveles de la Administración, eliminándose los puestos de libre designación o contratados, salvo los puramente políticos. Pongamos un ejemplo: el Gobierno de la Nación. El Presidente del Gobierno sólo podría nombrar a los Ministros, a sus secretaria personal y a sus asesores (limitados a uno por Ministerio por supuesto). Los Ministros sólo podrían nombrar a su secretaria personal y a los Secretarios de Estado. A partir de ahí, hasta los Directores Generales serían  funcionarios de carrera que han llegado al puesto por concurso de méritos en función de los años trabajados y de la eficacia de su labor en puestos anteriores. Este sistema se debería trasladar a  Autonomías y Ayuntamientos, de forma que cuando cambiase un Gobierno, el número de nombramientos fuese mínimo. Por supuesto, todos los organismos presuntamente independientes, tales como Tribunal Constitucional, Comisión de Mercados, etc..., estarían compuestos por funcionarios que llegarían a los mismos tras una diltada carrera de servicio público sin manchas (siendo esto comprobado por la correspondiente comisión parlamentaria), siendo valorados los candidatos con " puntos de eficacia" por sus propios compañeros y no por los políticos. En el norte de Europa tenemos claros ejemplos de la aplicación de esta solución (Suecia, Noruega, etc.). La eficacia e imparcialidad de la Administración se incrementaría y la corrupción descendería exponencialmente en función de la mayor ausencia de "contratados del partido".

Por supuesto que para esto ocurra es necesario que se supriman los puestos de libre designación y/o contratados que hemos mencionado, y se sustituyan por puestos de funcionarios, convocando las correspondientes oposiciones, de forma que la contratación externa sea algo extraorinario que se produzca únicamente con ocasión de bajas por enfermedad, falta de oposiciones o situaciones de emergencia.

Nuestro actual sistema político, y especialmente el desgraciado "Estado de las Autonomías" (auténtico cáncer de España), únicamente favorecen el que se produzcan casos como el del exdirector del Hospital de Hellín. Los españoles nos merecemos algo mejor. Sé que probablemente lo que pido es una utopía, dado el penoso nivel moral e intelectual de la mayoría de nuestros políticos, pero siempre queda la esperanza de que surga alguno bueno que cambie las cosas. Jesucristo hizo milagros hace 2.000 años en una situación peor que la nuestra. ¿Por qué no se pueden volver a repetir actualizados a nuestras necesidades? Yo soy creyente.

Por cierto, a quien pueda interesar, ni soy funcionario, ni he hecho oposiciones ni pienso hacerlas. Ya estudie bastante en mi juventud. Tampoco he tenido ningún puesto en la Administración, ni contratado ni de libre designación. !Faltaría más!

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