Miércoles, 22 Abril 2015 08:17

Deportatio

Que alguien que ostenta o ha ostentado poder sea acusado de corrupción, de apropiación indebida de bienes, de prevaricación, o de cualquier delito realizado mientras lo ejercía, sigue siendo noticia, pero lamentablemente cada vez nos sorprende menos.

Acompañamos nuestras viandas cada tarde o cada noche adquiriendo nuevos conocimientos, la mayoría demostrativos de que más sinvergüenzas almacenan en sus cuentas paradisiacas dinero que han conseguido de forma ilícita, y a veces se nos olvida que precisamente es a nosotros a quienes nos han robado.

De poco sirve la indignación, y de poco servirán, lamentablemente, las causas abiertas contra estos caraduras. Si por justicia entendemos que estos tunantes inmorales deban pagar, como única pena, la inhabilitación en cargo público y unos cuantos años, cuando no meses, jugando a las cartas y leyendo novelas picaronas en una celda pintada de su color favorito, deberemos entender que algo funciona muy mal en nuestro sistema.

Lo que parece de recibo, que no es otra cosa que la que devuelvan cada céntimo robado, nunca parece exigirse y mucho menos cumplirse. Cuando a uno le roban y se coge al culpable lo que menos preocupa es la pena, el afectado quiere recuperar lo perdido. Las penas no deben servir solo de castigo a quien comete una falta, sino que, además, deben servir de ejemplo para que quien esté tentado de cometerla se lo piense.

En esto los romanos eran unos maestros. En la antigua Roma también habían ministros, consejeros y tesoreros acusados de corrupción, solo que entonces se llamaban cónsules, pretores y cuestores. Estos delitos no son un invento del capitalismo, como algunos quieren hacer ver, sino que son inherentes a la condición humana. Pero quizá los griegos primero, y de forma mucho más clara los romanos después, fueron los primeros en tratar de poner coto a estas prácticas.

Exilium, expulsio, relegatio o deportatio eran algunas de las penas impuestas a lo largo de la República y el Imperio Romano a los políticos y funcionarios corruptos, pero todas tenían un denominador común: cuando la corrupción era demasiado explícita y era descubierta, el acusado podía ser exiliado, lo que en Roma significaba que el inculpado perdía tanto su patrimonio como sus derechos y su ciudadanía, perdían lo que ellos mismos denominaban como “dignidad”, lo más deshonroso que podía ocurrirle a un romano, prefiriendo muchos de ellos perder su vida a perder su “dignidad”.

Es lo que hoy podríamos traducir como “destierro”. En primer lugar se requisaban todos los bienes muebles e inmuebles del culpable y éstos iban a parar al erario público, o a la bolsa del emperador si en ese momento gobernaba alguien más sinvergüenza todavía que el acusado. En algunos casos se le privaba de la ciudadanía, con lo que perdía cualquier derecho derivado de ella, y siempre se le “expulsaba” de su lugar de residencia, obligándole a vivir, la mayoría de las veces en los confines del territorio conocido o en lugares del todo inhóspitos.

Si transportáramos este castigo a la actualidad, el autor de ese crimen se quedaría sin ningún bien a su nombre o al de cualquier familiar de primer grado, el dinero y la venta de los bienes pasarían directamente al Estado. El acusado, además, sería privado de cualquier documento identificativo. No podría, por ejemplo, votar, ni abrir una cuenta, ni solicitar cualquier documento oficial. No existiría como persona jurídica con todo lo que ello conllevaría. Y, además, se le obligaría a residir en un lugar que jamás hubiera elegido para pasar unas vacaciones.

La única diferencia en 2000 años es que los caraduras de ahora no tendrían en problema en perder su “dignidad”, porque eso es algo que nunca han conocido. ¿De verdad estaban tan locos estos romanos?.

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