Jueves, 10 Marzo 2016 12:14

Coherencia

Si hay algo que está poniendo de manifiesto el pulso que mantienen la Asociación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Hellín (ACH) y la Hermandad de María Santísima de la Alegría es la falta de normalidad sobre el fenómeno cofradiero en la Diócesis de Albacete, en general, y en nuestra Semana Santa, en particular, a diferencia de la existente en otras “semanas de pasión” a las que solemos mirar de frente.

Siempre se ha dicho que en nuestra particular "fiesta grande" se mezcla lo pagano con lo religioso, lo cultual con lo cultural, la tradición con la devoción, y no es más cierto que las tamboradas, anárquicas y ensordecedoras, representan el contrapunto necesario al orden y el respeto que impera en un desfile procesional.

Sentado lo anterior, no debemos confundir lo que cada una de las manifestaciones culturales y tradicionales representan, y sobre las bases que se asientan dichas expresiones. La tamborada es parte de nuestra raíz más profunda como hellinero y, posiblemente, nuestro patrimonio inmaterial más valioso, pero no por ello, deja de ser una manifestación sustancialmente popular; trascendental, sí, pero con ausencia de cualquier tipo de dogma.

Sin embargo, las procesiones, forman parte de lo que se conoce como religiosidad popular -elemento básico en la dimensión antropológica de la religión- o dicho de otro modo, es la manera en que los laicos viven la religión. En nuestro caso, para aquellos que son católicos creyentes, la representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, su “teatralización” en las calles, es un exponente superlativo de dicha religiosidad popular.

Aunque el origen de las hermandades y cofradías, más lejano que el de las tamboradas, se produce en los gremios profesionales del s. XI como asociaciones asistenciales para sus miembros, es en los siglos XV, XVI y XVI cuando alcanzan su máximo apogeo, coincidiendo con su conversión en auténticas cofradías ‘de pasión’, o penitenciales, y cuando se tienen noticias de los primeros desfiles procesionales; en esa época, y hacía el siglo XVIII, alcanzaron gran importancia por su alta proliferación y poder económico -más de 30.000 en todo el territorio nacional- lo que provocó que el poder político tomara cartas en el asunto por medio del Expediente General de Cofradías.

Siguiendo la máxima latina ‘ubi societas ibi ius’ (“donde hay sociedad, existe el derecho”) un fenómeno con tanta repercusión social como el descrito no podía quedar fuera de toda regulación. La primera aproximación al asociacionismo dentro de la Iglesia Católica se produjo en el Concilio de Vaticano I (1.869-1.970), cuando se inició la codificación del antiguo Corpus Iuris Canonici dando como resultado la promulgación del Codex Iuris Canonici de 1.917, en el que se recogen las figuras de las pías uniones o hermandades, cofradías y archicofradías como asociaciones de fieles seglares dedicadas a las obras de caridad o al culto público.

Curiosamente, el derecho de asociación dentro de la Iglesia Católica permaneció inalterado en el código canónico, mientras que el reconocimiento universal del mismo derecho, desde su primera aparición, en sentido amplio, en la Constitución de 1.869, sufría los vaivenes propios de una patria sumida en revoluciones políticas, asaltos al poder y alguna que otra dictadura.

En la actualidad, el derecho de asociación está instituido en el artículo 22 de nuestra Constitución de 1.978 y regulado por una Ley de máximo nivel en nuestro ordenamiento jurídico (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo). Por su parte el código canónico de 1.917 ha sido sustituido por el moderno código de 1.983, regulando las asociaciones de fieles en el capítulo dedicado al Pueblo de Dios. Y es aquí, precisamente, donde se produce la confusión.

Antes de incidir sobre el ‘quid’ de la cuestión, es necesario realizar una importante puntualización: el derecho canónico es un derecho de tipo estatutario, es decir, un conjunto de normas que regula un determinado colectivo, plenamente vigente y de total aplicación en nuestro sistema judicial, con gran influencia en distintas materias del derecho civil, como, por citar un ejemplo, el derecho matrimonial.

Sentado lo anterior, la pregunta es obvia ¿son las cofradías asociaciones de derecho civil o asociaciones de derecho canónico? Pues, a pesar de que nuestro empeño de llamar a las cosas lo que, en esencia, no son, las cofradías sólo tienen sentido en el ámbito eclesial y cultual y, conforme al canon, a pesar de que su terminología no se mantenido en el vigente código, son asociaciones públicas de fieles erigidas por la autoridad eclesiástica [c. 301]. Y nada más.

En nuestra Semana Santa conviven las asociaciones con estatutos civiles -entiéndase como aquellas que han sido constituidas conforme a la Ley que regula el derecho de asociación- y las asociaciones con estatutos religiosos -aquellas que han sido constituidas conforme al derecho canónico y cuentan con la erección de la autoridad eclesiástica-; sólo las segundas son, de forma estricta, cofradías, configurándose las primeras como meras asociaciones civiles, incluyendo, entre ellas, a la propia ACH.

Esta dualidad en el seno de una misma institución, inexistente en otras ciudades con una Semana Santa de rango igual o inferior a nuestra catalogación como “internacional”, no se debe a una rebeldía hacia el fenómeno religioso -lo cual constituiría un auténtico contrasentido-, sino más bien al vacío normativo que existe en nuestra Diócesis en este aspecto concreto. Como digo, en otras provincias, existen normas muy claras y desarrolladas, algunas realmente exigentes en cuanto a los requisitos para su constitución, sobre la forma jurídica que deben adoptar las cofradías y hermandades que participan en la Semana Santa y su sometimiento al derecho canónico, a los decretos de la Diócesis y a la autoridad del Obispo.

Estoy convencido de que si nuestra Semana Santa, junto con sus cofradías y hermandades, así como la ACH, se hubiera articulado sobre la base de estas mismas normas muchos de los conflictos actuales no existirían o, si existieran, la vía de solución sería muy distinta, lo que evitaría, en gran medida, la judicialización de los conflictos.

Sin embargo, dicho sea con el máximo de los respetos, escuchamos decir a ciertos directivos de hermandades, sin ningún rubor, que el Obispo, o la Diócesis, o sus representantes, no son más que terceras persona a quienes pedir consejo, sin que, en nada más allá de una mediación, puedan interferir en el funcionamiento de su asociación, mientras que, por otro lado, reclama, de forma vehemente, participar en una representación de la pasión de Jesucristo, máxima expresión de la religiosidad popular, con devoción a una advocación mariana. Si, además, a esa reivindicación, sumamos su interpretación acerca de la prevalencia de su derecho de adscripción a la ACH sobre el derecho de ésta a su autogobierno y autonomía sin injerencia de terceros, la coherencia en esta situación, como bien titulo este artículo, brilla por su ausencia y merece una profunda reflexión.

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