Lunes, 14 Octubre 2013 20:09

Por qué las corridas de toros no deben ser un bien de interés cultural

El 28 de julio de 2.010 el Parlament catalán aprobó una una iniciativa legislativa popular por la que se prohibía, en todo el territorio de la comunidad, la celebración de festejos taurinos “que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las “suertes” de la pica, las banderillas y el estoque”, es decir, las corridas de toros y novillos por definición.

Como no podía ser de otra manera, pero más por un interés político y demagógico que por el respeto a los animales, la decisión arrastró una gran polémica entre taurinos y antitaurinos. La polvareda, o mejor dicho, la “polsaguera” que la iniciativa dejó a su paso fue provocada, entiendo yo, por el trasfondo ideológico de la medida. Desde hacía ya unos años, el ruido de sables en torno a la independencia catalana del estado español se había introducido en el debate político y los independentistas supieron hacer suya la causa animalista, por otro lado condenada inicialmente al fracaso, para demostrar a los que mandan en Madrid que Catalonia is not Spain. No es la primera vez que una decisión de este calado se lleva a cabo en España: fuera de la piel de toro, las Islas Canarias fue la primera comunidad autónoma que decidió abolir los festejos taurinos, en 1.991, puesto que, desde 1.985, no se celebraba una sola corrida; y, mucho más cerca, la vecina localidad de Almansa decidió hacer lo propio 3 años antes de la iniciativa catalana.

Ante la afrenta soberanista, cual vendetta, el Partido Popular se erige como Mesías de la tauromaquia y se compromete, a golpe de programa electoral, a proteger la llamada “fiesta nacional”. Así pues, en junio de 2.012, tan sólo 7 meses después de su victoria en las elecciones generales de noviembre de 2.011, con una capacidad de reacción que ya me hubiera gustado a mi para el estudio de la figura de la dación en pago o de las repercusiones sociales de la implantación de las tasas judiciales, el Ministerio de Cultura crea una comisión de trabajo a fin de poner en marcha, nada más y nada menos, que un Plan Nacional para el Fomento y la Protección de la Tauromaquia. En el mes de enero de 2.013, esa comisión hace público un informe que articula una serie de medidas con el fin de “blindar” jurídicamente los festejos taurinos.

Es reconfortante leer que una comisión de marcado sesgo a favor de las corridas de toros,  comience su informe reconociendo que, por una lado, la polémica “toros sí, toros no” no es algo contemporáneo, sino que se arrastra desde el siglo XIX, como bien lo demuestra la prohibición de la fiesta que instauró Carlos IV en 1.805, y por otro, el difícil encaje de la tauromaquia en el ordenamiento jurídico español, puesto que su omisión en la Constitución de 1.978 y una desafortunada redacción de la disposición adicional de la Ley 10/1991, de 04 abril, sobre potestades administrativas de los espectáculos taurinos, dio pie a las Comunidades Autónomas para apoderarse de la competencia para regular la celebración de los festejos. La estrategia elegida por el Estado para poder disponer de la fiesta a su antojo, pasa por recuperar esa competencia, es decir, despojar a las Comunidades Autónomas de la autoridad que han gozado durante todos estos años en materia taurina con la excusa de reconducir la situación, armonizar la normativa territorial y dar transparencia a un sector lleno de claroscuros.

Y es aquí donde el hecho cultural toma presencia. La comisión de trabajo considera que, en base a un equivocado reduccionismo que considera las corridas de toros como mero espectáculo y apelando a la máxima de Ortega y Gasset cuando se espetó con aquello de “no puede comprender la historia de España quien no haya construido, con rigurosa construcción, la historia de las corridas de toros”, apuestan por dignificar la fiesta como parte del patrimonio cultural español del más alto nivel. Admiro a Ortega por muchas cosas, pero hasta las mentes más preclaras tienen días malos. Valga mi promesa de que si algún día, uno de mis hijos trae del colegio un manual sobre la historia de España en base a sus corridas de toros y la vida de los toreros -cual edición especial de la revista HOLA!- huyo definitivamente del país.

La comisión de trabajo apoya fervientemente por una candidatura de la fiesta para su reconocimiento como Patrimonio Mundial Inmaterial y su inclusión en la lista de la UNESCO. Al fin y al cabo es lo único que puede hacer, puesto que la declaración como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) corresponde, esto sí, a las Comunidades Autónomas. Algunas ya han recogido el guante de la administración central y agilizan el expediente de reconocimiento cultural, Castilla-La Mancha entre ellas, para poder elevar cuanto antes la candidatura a los organismos internacionales, no sea que se agote la legislatura y no se vean en otra. Aún así, el camino a recorrer no es sencillo, puesto que el trámite de declaración es lento y minucioso en cuanto a su documentación y en cuanto a su supervisión por parte de los órganos consultivos que intervienen en la decisión final. No será hasta dentro de tres años -si no más- los que tardaría la inscripción de la fiesta en la lista de la UNESCO.

Por otro lado, existe un optimista convencimiento por parte de la comisión ministerial acerca del cumplimiento de requisitos por parte de la tauromaquia  para su inclusión en la lista, ante lo que albergo serias dudas, puesto que dicho reconocimiento contravendría el espíritu y principios fundamentales de algunos textos legales internacionales validamente adoptados por España. En este sentido, el artículo 2 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 17 de octubre de 2.003, al final del apartado primero, establece: “A los efectos de esta Convención, se tendrá únicamente en cuenta el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible”.  La inclusión de la tauromaquia en la lista iría en contra, a su vez, de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 19 de octubre de 2.005 que señala entre sus principios “la protección de otros tipos de vida, en particular los animales”. Mantener que la fiesta es un hecho cultural integrador de todos los ciudadanos y relevante para el mundo, no puede considerarse más que una falacia manifiesta. La controversia entre taurinos y antitaurinos no puede ocultarse. El debate sobre la legitimidad moral de la fiesta debido al sufrimiento que se infringe al toro está cada vez más presente. Negar lo contrario sería una necedad. Sólo el 8% de los españoles acuden a los toros, los festejos han descendido más de un 50% en los últimos 4 años. Su aportación al P.I.B. nacional representa el 0,015 por mil. El desinterés, cuando no el rechazo, por la fiesta es objetivamente evidente. Y si en España esto es así, reconozco abiertamente que estoy deseoso de conocer el dictamen del grupo de expertos internacionales del ICOMOS sobre las corridas de toros, en calidad de observadores de la UNESCO acostumbrados a visitar sitios históricos y monumentales.

El negocio taurino está en seria decadencia, y el lobby que lo representa no está contento. Hay mucho -o había mucho dinero en juego-, así que tienen su última oportunidad de reflotarlo yéndose al lado de la cultura, a pesar de que la mayoría de la cultura no los quiere a su lado. A nadie se le escapa que con la subida de status de la fiesta, sus promotores tendrían acceso a millones de Euros en ayudas -si no es que las reciben ya-, curiosamente, de la mano de aquellos que tildan al cine de haber acabado con el Estado de bienestar a costa de subvenciones. ¡Futboleros! ¿a qué esperáis...?

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