Jueves, 06 Abril 2017 11:18

Tocada pero no hundida

Cuando Francisco Juárez accedió a la presidencia de la Asociación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Hellín llevaba consigo un programa de ‘buen gobierno’ basado en recuperar la legitimidad y el poder ejecutivo que la ACH había perdido frente a las asociaciones, cofradías y hermandades que formaban parte de su seno. Con esa finalidad, junto con una renovada y especializada junta directiva, asumió la ardua tarea de administrar una asociación que, por momentos, ‘hacía aguas’ y que mantenía importantes frentes abiertos.

Sus compromisos más inmediatos -y necesarios, añadiría yo-, aquellos que proponían una profunda reforma estatutaria de la propia Asociación con el fin de dotar a todos los asociados de un estatuto jurídico propio, aprobar un régimen interno de cumplimiento obligatorio, reconducir el proceso de admisión de nuevas cofradías y hermandades y poner en marcha la comisión de arte y patrimonio, todos ellos, han ido, poco a poco, convirtiéndose en auténticas encerronas para la directiva de la Asociación; uno a uno, esos proyectos, se han ido aparcando hasta terminar en vía muerta.

Sin embargo, todo lo anterior, ha quedado en un segundo plano debido al tenso pulso que ha mantenido -y sigue vigente después de muchos meses de conflicto- la Asociación con la nueva asociación, la Hermandad de María Santísima de la Alegría. La confrontación comienza en el momento exacto en el que la Hermandad, creada en un tiempo ‘record’, solicita la admisión como socio de pleno derecho en la ACH; la Asociación considera que no se han cumplido con los trámites que marcan sus estatutos y el Pleno, en votación, deniega su adscripción. Tras varios intentos infructuosos de llegar a una solución amistosa, la Hermandad inicia un procedimiento judicial con el fin de que se reconozca en los tribunales su derecho a ser socio de la ACH. El Juzgado de Primera Instancia de Hellín n.º 2 les dará la razón, y, posteriormente, la Sala Civil de la Audiencia Provincial de Albacete, contra el recurso de la Asociación, confirmará la Sentencia de prima instancia. La fundamentación jurídica de ambas resoluciones, en mi particular opinión y en la forma en que se habían desencadenado los hechos, no admite reproche alguno, puesto que reconocen el derecho de la Hermandad a ser socio de la ACH en base a la “posición dominante” de ésta última dentro de la Semana Santa de Hellín: según admitieron tanto el Ayuntamiento, como la Diócesis, como la propia Asociación, la ACH es el único ente facultado para la organización de las procesiones de Semana Santa, ergo si no se es socio de la misma, no puede participarse en los desfiles. La Hermandad ha sabido aprovechar los agujeros, o los vacíos, existentes en los estatutos de la ACH para validar ante los tribunales su derecho e imponer su criterio, pero además ha creado un importante -y peligroso- antecedente que puede ser aprovechado por cualquier otra asociación que quisiera participar en nuestra semana santa sin someterse a ningún filtro ni sistema de control.

Dicho esto, cabe preguntarse lo siguiente: ¿nuestra Semana Santa merecía sentarse en los juzgados y tribunales? La respuesta es no, nunca debió exponerse públicamente a la Semana Santa de una forma tan negativa. Es más, en otras ‘semanas santas’, de rango turístico similar, y a las que solemos mirar de frente e, incluso, intentar parecernos, un conflicto así, muy posiblemente, nunca hubiera terminado en los tribunales de justicia. El hecho diferenciador de nuestras cofradías y hermandades con las de esas ‘semanas santas’ es su sometimiento expreso al derecho canónico.

El derecho canónico, como ordenamiento jurídico propio y singular de la Iglesia católica, regula la función, los derechos y obligaciones de las asociaciones públicas de fieles, tal y como el vigente ‘Codex Iuris Canonici’ (Codex o CIC) de 1.983, denomina a las cofradías y hermandades, y les atribuye un ‘status’ diferenciado de las asociaciones civiles. Esto no significa que la regulación y funcionamiento de las asociaciones públicas de fieles no deban someterse al resto de normas jurídicas, tanto civiles como penales, puesto que, y así lo establecen tanto el Acuerdo del Estado Español sobre Asuntos Jurídicos de 1.979 y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, deberán respetar los derechos y libertades de la Constitución Española y, en especial, de los de libertad, igualdad y no discriminación. Es decir, el derecho canónico es lo que se conoce como derecho estatutario: un tipo de ordenamiento que se integra en el ordenamiento jurídico español, respetando sus normas y principios, pero que tiene un ámbito de aplicación muy concreto -la Iglesia Católica-; fuera de ese ámbito no tiene sentido.

Si todas las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Hellín, hubieran otorgado estatutos canónicos y contaran con la erección diocesana -incluida la propia ACH-, el conflicto con la Hermandad en cuestión se hubiera resuelto en el más estricto ámbito eclesiástico, con aplicación de las normas diocesanas -si las hubiera- y el Codex, en última instancia. Esto es así porque una de las particularidades de tener unos estatutos canónicos es someterse a la autoridad de la Diócesis; y ante la existencia de un conflicto, someterse a la misma como juzgadora del asunto, evitándose así acudir a la jurisdicción ordinaria, donde únicamente se tendrían para su resolución los aspectos civiles -como así ha sido- y nunca los aspectos religiosos. Al fin y al cabo, es una cuestión de coherencia; las cofradías y hermandades no son asociaciones civiles cualquiera, puesto que comparten una misión y valores propios de la Iglesia católica, están impregnadas de la fe religiosa católica y son consideradas una de las mayores manifestaciones de religiosidad popular. Esto no significa, como algunos creen, que se entregue todo el control, incluido el patrimonio, de la asociación a la Diócesis, ya que la cofradía o hermandad deberá funcionará como una asociación más, es decir, con una asamblea (cabildo) y con una junta directiva o junta de gobierno, y ambos órganos, deberán respetar los derechos civiles de los socios y los principios democráticos en la toma de decisiones; únicamente se les exige un plus: que sus fines, su motivación y sus forma de actuar en la sociedad sea acorde con la doctrina católica.

Urge y es necesario que todas, no unas si y otra no, las cofradías y hermandades de Hellín, tomen conciencia de adaptar su régimen estatutario al derecho canónico como una tarea a corto plazo. La Asociación la primera. Esto garantizaría una Semana Santa mucho más acorde con su significado, una Asociación mucho más fuerte a la hora de establecer un régimen interno como delegada de la Diócesis para organizar los desfiles procesionales o cualquier acto relacionado con la Semana Santa y para controlar el acceso de nuevas asociaciones a la ACH, una participación más activa de la Iglesia Católica y un procedimiento de resolución de conflictos más ágil, más discreto y más legítimo.

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