Lunes, 02 Diciembre 2013 07:00

Ofende a España

No me considero un patriota. Es más, no me gustan las banderas. Las veo como simples etiquetas útiles para una organización administrativa necesaria, por aquello de los estados, como cuando congelas comida y en el tupper escribes lo que contiene. Más allá de esta mera clasificación, el hecho de tener una u otra nacionalidad no debería ser un hecho relevante para definirte como ser humano. Soy español porque lo pone en mi documento de identidad, por lo demás no tengo ningún interés especial en que se me catalogue como tal. No porque me avergüence, más bien me siento un tipo afortunado; he nacido y crecido en el primer mundo y eso me ha otorgado una multitud de oportunidades que en otro lugar del planeta no son más que una utopía, por ejemplo, comer tres veces al día, todos los días.

Ahora, el gobierno que sufrimos, está tramitando la nueva Ley de seguridad ciudadana. Seguro que han oído hablar de ella en los medios. Con la nueva norma, desaparecen las “faltas” (conductas antijurídicas leves) del código penal y otras conductos dejan de ser delitos, es decir, desaparecen del ámbito penal, para introducirse en el derecho administrativo sancionador. Esto es bueno, dicen sus promotores, el Estado punitivo se suaviza, pues mejor una multa que una pena de prisión. Pues no. Este argumento diabólico sirve como excusa para dejar en mano de la Administración directamente dependiente del Gobierno (Delegaciones y Subdelegaciones), y en los cuerpos de seguridad del Estado la increíble capacidad de ser “juez y parte”. Lo que significa es que todas las conductas consideradas sancionables por la nueva Ley serán descritas, calificadas y evaluadas por la misma “persona”; sin la intervención de una figura imparcial e independiente que asegure todas las garantías constitucionales existentes, sin la existencia de un procedimiento contradictorio (qué levante la mano el que haya conseguido que una Administración le de la razón en una fase de alegaciones) que asegure la posición equilibrada de ambas partes donde todos tengan las mismas armas. En resumen, al Gobierno no le interesa que un Juez independiente arbitre, ellos quieren ganar el partido sí o sí, por lo que crean su propio campo de juego y te obligan a jugar en él. Marrulleros.

Y a partir de aquí la cosa no mejora. Hasta conocer el texto definitivo de la Ley, que puede sufrir muchas modificaciones desde su aprobación en el seno del Gobierno hasta su aprobación definitiva en el Parlamento, leemos que pueden ser sancionables “las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”, o “las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos”, o “las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas conforme a la Ley 8/2011, de 28 de abril, o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluyendo su sobrevuelo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento”. Y con multas de hasta 30.000 Euros.

En un país donde soportamos a unos políticos auténticos militantes de la inoperancia y de la ineptitud, más preocupados por cultivar su ego y megalomanía con proyectos imposibles que por el bienestar de la población, ahora tenemos que ver cómo nos roban nuestro sacrosanto derecho al pataleo, y cuando digo derecho al pataleo, me refiero a derechos fundamentales como la libertad de expresión, y de reunión.

Adiós Estado de derecho, bienvenida represión.

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